La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece la obligatoriedad de implementar un canal de denuncias interno para – entre otros – empresas de más de 50 trabajadores y, de manera general, todas las entidades que integran el sector público.
Las empresas de menos de 250 personas trabajadoras y municipios de 10.000 habitantes tienen aún hasta el próximo 1 de diciembre de 2023. El resto, disponían de plazo hasta el 14 de junio de 2023.
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Sin ánimo de ser exhaustivos, principales consideraciones para proceder a una implementación efectiva del canal de denuncias interno:
Paso 1. Designar responsable.
El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado por esta ley será el responsable de la implantación del Sistema interno de información. Para la gestión del mismo se podrá acudir a un tercero externo, exigiendo en todo caso que este ofrezca garantías adecuadas de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones.
Paso 2. Diseñar el sistema de forma segura.
Debe estarlo de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así como la protección de datos, impidiendo el acceso de personal no autorizado. Además, debe permitir la presentación de comunicaciones por escrito o verbalmente, o de ambos modos.
Paso 3. Registrar las informaciones recibidas.
Contar con un libro-registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar, garantizando, en todo caso, los requisitos de confidencialidad previstos en la Ley.
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Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
